Por Adriana Calvo
Cuando pensamos como sintetizar nuestra opinión acerca de la vinculación entre la masacre de Cromañon y los “derechos humanos”, sentimos necesario repasar qué se entiende por “derechos humanos”.
La respuesta tiene distintos aspectos. Por un lado, la definición del algún modo jurídica, aunque abarca también la ética y, desde ya, la política. Una de las muchas definiciones de derechos humanos establece que: son las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no puede vivir como tal. Y una de las muchas formas de clasificar los derechos humanos es la llamada “tres generaciones”, en la que se toma en cuenta su protección progresiva en el tiempo.
· Derechos civiles y políticos. Surgen con la Revolución francesa como rebelión contra el absolutismo de la monarquía. Imponen al Estado el deber de respetar, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y la seguridad personal, a la igualdad ante la ley, a la justicia…
· Derechos económicos, sociales y culturales. Surgen como resultado de la revolución industrial, por la desigualdad económica Imponen al Estado el deber de respetar, entre otros, el derecho a la alimentación, al trabajo (a un salario justo y equitativo, al descanso, a sindicalizarse, a la huelga), a la seguridad social, a la salud, a la vivienda, a la educación, a participar en la vida cultural del país…
· Derechos de los pueblos. Surgen más recientemente como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que las integran. Imponen al Estado el deber de respetar, entre otros, el derecho a la paz, al desarrollo económico, a la autodeterminación, a un ambiente sano.
Como se ve solo el Estado puede ser el sujeto activo de una violación de los derechos humanos. La intervención del Estado como autor es la línea divisoria entre el delito común y la violación a un derecho humano, que compromete, ofende y lesiona a la humanidad toda.
Es evidente, entonces, que en la masacre de Cromañón se violaron abierta y explícitamente un sinnúmero de los derechos humanos que acabo de mencionar ya que el Estado no cumplió con su deber de velar porque se respeten, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la seguridad personal. Y es evidente que el Estado sigue sin cumplir con su deber de velar porque se respeten hoy el derecho de los sobrevivientes y de los familiares a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la salud, o por resguardar el derecho de los jóvenes a participar en la vida cultural del país, de la que sin duda, forma parte el rock.
La masacre de Cromañón implicó la violación de los derechos humanos que se siguen violando hoy.
Sin embargo, una segunda respuesta a la pregunta ¿qué son los “derechos humanos”? tiene que ver con lo que contestaría el 90% de las personas a las que se la hiciéramos: los derechos humanos son los que violaron los militares durante
Conviene pensar los orígenes de esta restricción porque creo que eso ayuda a explicar por qué la masacre de Cromañón no es asumida socialmente como una flagrante violación a los derechos humanos, digna de ser denunciada e investigada y castigados los responsables que forman o formaron parte del aparato del Estado.
La primera causa hay que ubicarla en uno de los objetivos centrales del genocidio cometido en nuestro país. Quizás, el más logrado y el de más largo alcance. Este fue precisamente, generar en una parte importantísima de nuestro pueblo la convicción de que no tiene derecho a tener derechos.
Creo que hoy tenemos claro que la represión brutal llevada adelante por la dictadura militar no fue solo eliminar a todo aquel que se le opusiera sino transformar radicalmente a la sociedad, desestructurarla para rearmarla en base a relaciones opuestas a las previas. Se buscó aniquilar a todo aquel que participara en espacios de organización social, gremial, estudiantil, barrial o política. Se buscó destruir al importante sector de la sociedad que basaba su acción en la solidaridad, en poner el interés común por encima del individual, en privilegiar la organización e impulsar la participación. Esos valores debían ser cambiados por “el no te metás”, el individualismo, la sumisión ante el poder, el todo vale, el aceptar no tener derecho alguno. Ese dar vuelta la sociedad como un guante era imprescindible no solo para aplicar en lo inmediato el plan económico de entrega de los recursos naturales y remate de la industria nacional, que brindara enormes ganancias para unos pocos y desempleo, miseria y hambre para millones, sino para asegurar que esa política fuera soportada en silencio durante muchos más años que la propia duración de la dictadura.
Este objetivo del genocidio fue cumplido por los dictadores en base al terror pero fue consolidado por los gobiernos constitucionales posteriores con la negación del genocidio, con la perversa teoría de los dos demonios o con la visión de que la que las fuerzas represivas se excedieron en su accionar o que fueron un conjunto de extraviados que mataban a cualquiera.
Estas formas de negar el genocidio no solo se usaron para pretender justificar la impunidad de los responsables durante años, sino que –centralmente- impidieron que la sociedad como colectivo, cuestionara los nuevos valores impuestos. Es así como aún hoy comprobamos cotidianamente la extendida falta de conciencia de tener derechos.
La segunda causa de por qué una parte de la sociedad no entiende a la masacre de Cromañón como una violación a los derechos humanos, está vinculada, paradójicamente, a la lucha incansable, admirable e histórica, del Movimiento de Derechos Humanos de la Argentina reclamando Cárcel para los Genocidas. Aunque antes del golpe de estado terrorista del
Sin embargo, es necesario reconocer que buena parte de esos organismos no tuvieron una mirada abarcadora que permitiera hacer carne que las violaciones a los derechos humanos ni concluyeron el 10 de diciembre de 1983 ni se circunscriben exclusivamente las secuelas de
A la hora de confluir con centenares de organizaciones sociales, gremiales, y políticas para repudiar a la dictadura, como ha ocurrido a lo largo de los últimos 10 o 12 años cada 24 de marzo, se ha escuchado a prominentes dirigentes de algunos de esos organismos plantear que repudiar también las políticas de los gobiernos constitucionales que continúan violando los derechos humanos, desnaturaliza el acto y deja en el olvido a los 30.000 compañeros desaparecidos.
Del mismo modo, pretendiendo una exclusividad absurda, desconocen el derecho a identificarse como organismos de derechos humanos a aquellos que se formaron para enfrentar las violaciones actuales a esos derechos, como Correpi, Liberpueblo, Fidela, Ceprodh, que se han abocado –y en buena hora- a luchar contra el gatillo fácil, la tortura, la represión, la persecución penal a los trabajadores ocupados y desocupados que reclaman por una vida digna.
Se consigue así que se perpetúe esa falsa ecuación que iguala violación de los derechos humanos a dictadura. Falsa y perniciosa porque aunque no sea este el objetivo buscado, lo cierto es que se apuntala la convicción instalada por la dictadura de que hay derechos a los que no tenemos derecho.
Entendemos que lo dicho es una parte de la explicación de por qué la masacre de Cromañón no es asumida socialmente como una flagrante violación a los derechos humanos, digna de ser denunciada e investigada y castigados los responsables integrantes del aparato del Estado.
En Cromañón ningún agente de las fuerzas armadas o de seguridad torturó ni secuestró ni asesinó ni desapareció a ninguna de las víctimas. ¿Que hubo complicidad, corrupción, dejar hacer, coimas, legitimación de lo criminal, por parte de funcionarios del Estado? ¡Ah, pero eso no forma parte de nuestros derechos humanos! En tal caso, y con suerte, se condenará a quienes cobraron coima… Para que todo siga igual, la responsabilidad debe ser per-so-na-li-za-da.
Pero no son éstas las únicas razones que develan por qué una parte importante de la sociedad no acompaña el justo reclamo de justicia de los sobrevivientes y familiares.
En este punto, es imprescindible reflexionar acerca de la imprescindible independencia del Estado que deben mantener los organismos defensores de derechos humanos. Si tenemos claro que el Estado es el único responsable de velar para que sus funcionarios respeten y hagan respetar esos derechos, es más que evidente que el rol central de los organismos que se proponen defenderlos, será el de denunciar a los funcionarios de ese Estado que los violen, por otra parte, únicos que pueden violarlos.
Es conocido que desde el primer período constitucional pos dictadura, hubo dirigentes de algunos organismos defensores de los derechos humanos que se alinearon más o menos explícitamente, con el gobierno de turno. Sin embargo, a poco de asumir el Presidente Kirchner, esta alineación se hizo creciente y abierta. Hasta el punto de que hoy ya no nos sorprende que la presencia de connotados representantes de algunos organismos de derechos humanos sea más frecuente en actos oficiales, en lanzamientos de campañas, en Comisiones, Institutos, Centros y Secretarías dependientes del Estado, que en los espacios de lucha del pueblo.
Esta alineación provocó que varios organismos no firmaran una declaración de fecha 3 de enero de 2005 en la que entre otras cosas, denunciábamos:
· La ausencia y/o complicidad de los organismos de control del GCBA
· La corresponsabilidad del GCBA y el empresariado privado en la masacre de Cromagnon.
· La falta de seguridad ciudadana que produce la lógica liberal de mercado, la desregulación de la actividad económica y el individualismo.
· La falta de organización y eficacia de los organismos del GCBA
· El incumplimiento de los deberes de funcionario público
Y en la que exigíamos:
· Juicio y castigo a todos los responsables.
· La creación de una comisión investigadora de la masacre del 30-d y de control sobre la responsabilidad social de las empresas de la ciudad, conformada por los familiares de las víctimas, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos conjuntamente con la Legislatura de la Ciudad autónoma de Buenos Aires.
Pero la subordinación fue mucho más allá, durante las reuniones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para organizar el acto en repudio al golpe de estado que se realizaron en el año 2006, los representantes de los organismos de derechos humanos más reconocidos, pusieron como condición para seguir participando, que no hubiera referencia alguna a Cromañón en las consignas centrales con las que se convocaba al acto. Concretamente, se negaron a que una de esas consignas fuera: “Justicia para los pibes de Cromañón”.
Creemos entonces, que esta suma de factores:
· consecuencias actuales y vigentes del genocidio en cuanto a la falta de reconocimiento social de cuáles son los derechos de un ser humano,
· actitud de algunos organismos de derechos humanos que insisten en restringirlos a lo ocurrido durante la dictadura y a la impunidad de la que gozan sus responsables,
· alineamiento explícito de algunos de sus dirigentes con el actual gobierno con la consecuente oposición a involucrar a ninguno de sus integrantes o aliados en ningún hecho que implique repudio social,explican, al menos en parte, la negación a asumir Cromañón como lo que fue: una masacre en la que el Estado tiene responsabilidades concretas, y la falta de apoyo a la justa lucha por justicia de sobrevivientes y familiares.
Y justamente por eso es que esa lucha adquiere mayor significado. Que sigan reclamando justicia, que hayan alcanzado triunfos aunque parciales, muy significativos, no solo ayuda a los afectados sino que marca un camino que permitirá poco a poco desarmar esta realidad de impunidades tan cotidianas como silenciadas.
24 de julio de 2007.